Al producirse el golpe cívico-eclesiástico-militar del 24 de marzo de 1976 se dictó una ley, la Nº 3090, denominada de Prescindibilidad por la cual fueron cesanteados miles de trabajadores del Estado. A muchos de ellos se les aplicó un artículo específico de esa Ley por el cual ni siquiera recibieron una indemnización porque se los acusaba de actividades subversivas. Pero luego de esta medida se produjeron hechos de mayor gravedad todavía. Muchos trabajadores fueron asesinados y/o secuestrados y, obviamente, no pudieron presentarse más a sus respectivos lugares de trabajo. ¿Cuál fue la reacción de las empresas, reparticiones públicas, organismos, etc.? Despedirlos por abandono de trabajo. Y así quedó consignado en sus respectivos legajos por años. Esto también sucedió con numerosos estudiantes universitarios y, en menor medida, secundarios, quienes “aparentemente” abandonaron sus estudios de un día para el otro, sin conocerse las causas.
En el sector público hace varios años que se están produciendo reparaciones de los legajos, tarea de la memoria que consiste en agregar en los respectivos legajos la explicación de la verdad histórica, de por qué nunca más se presentaron a trabajar. Y despés de tres décadas esto se ha extendido al sector privado mediante la promulgación de la Ley Nº 27.656 de “Reparación de Legajos Laborales de Trabajadores del Sector Privado Detenidos-Desaparecidos”. Esa norma, aprobada en noviembre de 2021 y reglamentada un año después, ordena la “inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa”.
Actualmente, gracias a la decisión de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, se habilitó un nuevo Trámite a Distancia (TAD) denominado “Reparación de Legajos Laborales de Trabajadores del Sector Privado Detenidos-Desaparecidos (Ley Nº 27.656)”. Desde cualquier sitio del país se puede hacer este trámite y solicitar información. Pero ya desde 2020 estuvo disponible la posibilidad de hacer esta gestión referida a “Legajos Laborales de Trabajadores del Estado Detenidos-Desaparecidos”. Finalizando 2023 hay alrededor de 2.400 trámites en proceso a través de este recurso tecnológico.
De forma absolutamente gratuita, a través de la plataforma digital “Mi Argentina”, o de manera presencial o por correo a Av. Corrientes 1302, 2º piso, CABA se puede solicitar la reparación de un legajo. La Secretaría de Derechos Humanos procede a certificar la condición de víctima del terrorismo de Estado de la persona por la que se hace dicho reclamo y, a continuación, se inicia la gestión para la reparación. Cuando se cumple con lo requerido por la Ley, la empresa está obligada a entregar una copia del legajo subsanado a la familia de la víctima, a través de un acto público, y de otra copia al Archivo Nacional de la Memoria.
El primer legajo reparado en el sector privado – Cristina Galzerano
En el marco de esta nueva normativa que avanza en la recuperación y el afianzamiento de la memoria en nuestra sociedad, se produjo la primera reparación de un legajo laboral en una empresa privada. Y esto se realizó con la compañera CRISTINA CATALINA GALZERANO, una militante popular asesinada en nuestro barrio de Chacarita y por la cual (junto con su compañero) se colocó hace años una baldosa sobre la calle Leiva 3972. Cristina fue despedida de la empresa Xerox Argentina donde trabajaba, en noviembre de 1977 por “abandono de trabajo” tras “ausentarse” durante ocho días seguidos.
Textualmente el certificado que hoy la empresa debe modificar dice: “Comunicamos despido justa causa legal por abandono de trabajo”. Lo que había sucedido era que había sido asesinada el 25 de octubre de ese año en las inmediaciones de su domicilio en la calle Guevara 30, cuando intentaba huir junto a su compañero José Luis Tagliaferro. A través de una Resolución conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Trabajo de la Nación, firmada respectivamente por Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Marcelo Bellotti, Secretario de Trabajo, deberá figurar en el documento que registra el desempeño laboral de esta compañera en la empresa la causa de su baja.
El asesinato de Cristina Galzerano se encuentra registrado en los legajos N° 1750 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y N° 323 del Registro de Desaparecidos y Fallecidos (Redefa), obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria.
La reparación del legajo de Cristina Galzerano fue solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad en febrero de 2023 y pasó a convertirse en la primera reparación efectuada en este sentido en el sector privado. La Resolución respectiva indica que Xerox dispone de un plazo de 30 días para inscribir en el legajo de Cristina una leyenda que informe sobre “la verdadera causa de su baja labora, que fue el asesinato como consecuencia del terrorismo de Estado, indicando el número y la fecha de esta Resolución Conjunta”. De esta manera Xerox Argentina se ha convertido en la primera empresa privada en reparar un legajo de una víctima del terrorismo de Estado, lo que marca un precedente histórico en la Argentina y constituye el fundamento para que otras empresas sigan este camino y contribuyan a la construcción de Memoria, Justicia y Verdad.
Su hijo Esteban Santamaría recordó que el acta de defunción que el ejército le dio a la familia cuando les entregaron el cuerpo de Cristina decía: “”NN o Cristina Catalina Galzerano”. El informe pericial indicada: “Encontrada al costado de la ruta 8 lindero al cuartel de Campo de Mayo, presenta destrucción de masa encefálica. Domicilio desconocido.” Ya con el legajo reparado de su madre, Esteban desea completar su historia. Manifestó al respecto: “Nosotros pudimos reconocer la tumba en el cementerio de Grand Bourg, el ejército nos dio el cuerpo, pero con la condición de no visitarlo hasta después de un año. Mi abuelo respetó eso porque no quedaba otra”. La amenaza perduró durante largo tiempo”. “Muchos otros tuvieron que esperar a que prosperaran los juicios para descubrir que sus familiares había sido identificados, pero que nunca se publicaron sus muertes. Por suerte, en nuestro caso, fue un alivio saber dónde estaba el cuerpo de mi madre”. Su padre, topógrafo del Instituto Geográfico Militar, por pertenecer a las Fuerzas Armadas, logró enterarse de qué área del ejército había participado en la muerte de Cristina y, además pudo ubicar dónde habían sido abandonados sus restos como NN.
los 30.000 detenidos-desaparecidos argentinos.